América Latina y la Vanguardia Regulatoria: El Rol de Argentina y la CNV

En los mercados emergentes, particularmente en América Latina, la narrativa en torno a la tokenización de RWA se aleja de la mera optimización corporativa para adentrarse en el terreno de la democratización financiera, la inclusión sistémica y la protección contra la inestabilidad macroeconómica y cambiaria. Dentro de esta región, la República Argentina se ha erigido como un pionero indiscutido, combinando una cultura de profunda sofisticación tecnológica con una sorpresiva agilidad regulatoria gubernamental.

El marco jurídico experimentó una reestructuración copernicana con la aprobación, y posterior ampliación hacia finales de 2024 y durante el transcurso de 2025, de la Resolución General N.° 1069 por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta normativa estableció, por primera vez en la región, un régimen específico, moderno y seguro para la tokenización de activos del mundo real en blockchains públicas y permisionadas, otorgando equivalencia legal y funcional completa entre las representaciones digitales y los valores físicos o escriturales tradicionales.

El enfoque estratégico de la CNV ha sido objeto de profundo análisis en la industria financiera. Como expresó Pablo Gómez, CEO y fundador de la firma Metlabs durante una conferencia con Cointelegraph, "Argentina entendió algo fundamental: la tokenización no se impone, se construye". En contraste con posturas regulatorias punitivas de otros hemisferios, la CNV diseñó un avance por etapas. Inicialmente, el régimen habilitó la tokenización de instrumentos de deuda corporativa y fideicomisos financieros cerrados. Posteriormente, en un paso que sacudió el mercado de capitales local, el regulador amplió el régimen —bajo un esquema de Sandbox Regulatorio controlado de un año de duración— para abarcar activos de altísimo impacto, tales como acciones corporativas listadas, Obligaciones Negociables (ON) y los altamente populares Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), que permiten al inversor local obtener exposición a empresas internacionales. Las emisiones bajo este régimen deben canalizarse mediante entidades expertas y su negociación secundaria ocurre en plataformas registradas de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El corolario sociológico de esta normativa es la democratización radical de las finanzas. Guillermo Zajic, directivo de B2FI, resumió el impacto argumentando que el ecosistema tradicional exigía grandes concentraciones de capital para acceder a rentabilidades serias. Hoy, la digitalización y la legalización de la inversión fraccionada implican que cualquier ciudadano argentino, operando directamente desde un teléfono móvil, pueda adquirir una micro-fracción de un bono corporativo premium o de un inmueble, eliminando costos de intermediarios burocráticos y permitiendo que los ahorristas moldeen su estrategia de supervivencia financiera en un mercado previamente inalcanzable. Esta innovación sitúa a los reguladores y abogados frente al reto impostergable de conciliar el ímpetu tecnológico con la protección férrea del consumidor, en la construcción de una nueva economía digital latinoamericana.