Requisitos legales para tokenizar en Argentina
Argentina tiene el marco regulatorio más avanzado de Latinoamérica para la tokenización de activos del mundo real. Cuáles son los requisitos legales concretos, qué organismos intervienen y qué documentación necesita un proyecto para cumplir con la normativa vigente.

Desde la aprobación de la Resolución General N.° 1069 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en 2024, Argentina cuenta con un marco regulatorio específico para la tokenización de activos del mundo real. Este marco establece las condiciones bajo las cuales un proyecto puede emitir tokens con equivalencia legal a los valores financieros tradicionales — y define los requisitos que debe cumplir para hacerlo.
Conocer esos requisitos antes de iniciar el proceso de estructuración permite evitar errores costosos y planificar los tiempos con precisión.
El vehículo jurídico: el primer requisito
El requisito fundamental de la normativa argentina es que el activo esté contenido en un vehículo jurídico reconocido antes de que se emitan tokens sobre él. Las tres estructuras principales son el fideicomiso financiero, el SPV y la estructura societaria específica.
El fideicomiso financiero es la opción más utilizada para activos inmobiliarios y de infraestructura. Requiere la designación de un fiduciante, un fiduciario y la definición de los beneficiarios — en este caso, los tenedores de tokens. El contrato de fideicomiso debe estar redactado con las cláusulas específicas que contempla la normativa de la CNV para este tipo de emisión.
El SPV es la opción preferida para proyectos con operación continua o con estructuras de capital más complejas. Requiere la constitución de una sociedad con objeto social específico y estatutos adaptados a las condiciones del proyecto.
El registro ante la CNV
Los proyectos que emiten tokens bajo el régimen de la Resolución General N.° 1069 deben registrarse ante la CNV como emisores de valores negociables. Este proceso incluye la presentación del prospecto de emisión — el documento que describe el activo, los derechos de los inversores, los riesgos del proyecto y la estructura de rendimientos — y la aprobación por parte del organismo regulador.
El Sandbox Regulatorio que establece la resolución tiene una duración de un año, durante la cual el proyecto opera bajo supervisión de la CNV con reportes periódicos de cumplimiento.
La figura del PSAV
La distribución de los tokens entre inversores debe realizarse a través de plataformas registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto garantiza que el proceso de onboarding de inversores cumpla con los requisitos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) que exige la normativa argentina.
El operador del activo no necesita ser él mismo un PSAV — puede trabajar con plataformas ya registradas que operen como canal de distribución para su proyecto.
Documentación requerida
Los documentos fundamentales que un proyecto necesita para iniciar el proceso de registro son: la documentación legal del activo subyacente, los estados financieros auditados o en proceso de auditoría, el contrato del vehículo jurídico, el prospecto de emisión y la documentación de cumplimiento AML/CFT del operador.
La calidad y completitud de esta documentación es el factor que más impacta en el tiempo de aprobación. Proyectos con documentación ordenada desde el inicio del proceso tienen tiempos de aprobación significativamente menores que los que necesitan ordenar información durante el proceso regulatorio.
Qué pasa si el proyecto opera en Chile o Ecuador
Chile y Ecuador no tienen todavía un marco regulatorio específico para la tokenización de activos del mundo real equivalente al argentino. En ambos mercados, la estructuración se realiza combinando vehículos legales tradicionales adaptados para la emisión de tokens, con un seguimiento cercano de la evolución regulatoria local. La operación es posible y legal — pero requiere un análisis caso por caso que contemple las particularidades de cada jurisdicción.
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